Demanda histórica: Florida demanda a OpenAI y a su CEO Sam Altman por riesgos de seguridad en ChatGPT

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, presentó el 1 de junio de 2026 una demanda formal contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusando a la compañía de haber lanzado ChatGPT al público —incluyendo a menores— a sabiendas de sus graves fallos de seguridad y de haber ocultado los riesgos asociados. Se trata de la primera demanda estatal en Estados Unidos liderada por un gobierno estatal contra un producto de inteligencia artificial por motivos de seguridad.

La demanda señala que OpenAI, con tal de ganar la "carrera armamentista de la IA" y acumular grandes beneficios, ignoró deliberadamente las advertencias internas de seguridad y no implementó ningún mecanismo de verificación de edad ni control parental en la versión gratuita de ChatGPT, permitiendo que menores de edad lo usaran sin restricciones. La investigación de la Fiscalía General indica que el producto está vinculado con un tiroteo masivo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida, por el cual las familias de las víctimas ya han presentado demandas civiles por separado. Además, en enero de este año, Kentucky demandó a otra empresa de IA, Character.AI, acusándola de "incitar a menores a autolesionarse", lo que evidencia que los riesgos del uso de la IA entre adolescentes están generando preocupación a nivel nacional.

Uthmeier declaró en una conferencia de prensa: "Sam Altman y ChatGPT eligieron la competencia de la IA antes que la seguridad de nuestros hijos; eligieron las ganancias antes que la seguridad pública. Florida no tolerará esto". La demanda solicita al tribunal que exija responsabilidad tanto a OpenAI como a Altman a título personal, y busca compensaciones económicas así como una orden judicial para detener las prácticas denunciadas.

Análisis: Este caso podría convertirse en un punto de inflexión para la regulación de la industria de la IA. Si el tribunal determina que el CEO debe asumir responsabilidad personal por los riesgos del producto, obligará a las empresas tecnológicas a realizar cambios fundamentales en el cumplimiento normativo y la inversión en seguridad. Es posible que otros estados sigan el ejemplo de Florida para impulsar legislaciones más estrictas sobre inteligencia artificial.