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El gobierno de Trump defiende la demanda ambiental del centro de datos de Grok: "Es una necesidad militar"

22/6/2026
Grok

Según reporta Ars Technica, el gobierno de Donald Trump ha intervenido de manera inusual en el litigio ambiental contra xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, argumentando que detener sus operaciones pondría en riesgo la seguridad nacional. En un documento presentado ante un tribunal, el Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que la demanda presentada por la NAACP bajo la Ley de Aire Limpio podría interrumpir el suministro energético del centro de datos que alimenta el sistema Grok, el cual —según el documento— "brinda apoyo clave a las operaciones militares del Departamento de Guerra". El escrito incluso reveló que el modelo Grok Gov de xAI participó en la "Operación Furia Épica", apoyando ataques de precisión contra Irán.

La NAACP presentó la demanda en abril de este año contra xAI y su subsidiaria MZX Tech en Southaven, Misisipi, acusándolas de operar 27 turbinas de gas sin los permisos de emisión requeridos, en violación de la Ley de Aire Limpio. No obstante, la Agencia de Calidad Ambiental de Misisipi ya había determinado previamente que esas turbinas no necesitaban permisos. En su escrito, el gobierno afirmó: "El intento de la NAACP de cortar la electricidad de Grok también amenaza la seguridad nacional, ya que Grok proporciona apoyo fundamental para las operaciones militares del Departamento de Guerra". El Centro Legal del Sur para el Medio Ambiente (SELC), que representa a la NAACP, criticó la postura del gobierno, señalando que su argumento básicamente sostiene que "xAI debería tener permiso para violar la ley solo porque el gobierno de Trump lo dice".

Este caso pone de relieve el conflicto entre la creciente integración de modelos de IA en el ámbito militar y las regulaciones ambientales tradicionales. Analistas señalan que, a medida que el gobierno de Trump acelera la incorporación de sistemas avanzados de IA en el arsenal bélico, podrían aumentar los casos en los que se recurra a la "seguridad nacional" como justificación para eludir controles ambientales, intensificando así la batalla legal entre grupos ecologistas y gigantes tecnológicos.

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